Oded Balaban

Oded Balaban · Professor Emeritus, Department of Philosophy, University of Haifa · balaban@research.haifa.ac.il

La política israelí entró en una crisis tan peligrosa como predecible. Tras las elecciones legislativas, en las que el bloque oficialista perdió la mayoría parlamentaria y la sociedad árabe ejerció masivamente su derecho al voto hasta alcanzar una representación récord de 19 escaños, el gobierno de Benjamin Netanyahu puso en marcha una maniobra deliberada para desconocer el veredicto de las urnas. No se trata de un episodio más. Es el intento de anular una elección que el poder perdió.

Incapaz de aceptar la derrota y la pérdida de la mayoría en la Knéset, el Likud y sus aliados lanzaron una acusación incendiaria: pretenden que las elecciones “fueron robadas”. La acusación no tiene un solo elemento de prueba, pero envenena las instituciones. Insinúan que la alta participación en las localidades árabes no fue la respuesta legítima de un pueblo harto de años de racismo de Estado, sino el producto de una supuesta compra de votos y de financiación ilegal.

Para la extrema derecha y para el bibismo, la participación democrática del público árabe solo es concebible bajo sospecha de delito. Les resulta intolerable que un sector que representa a una quinta parte del país se levante, acuda a las urnas en masa y exija sus derechos.

Pero esa movilización tiene razones que nadie de buena fe puede ignorar:

1. Años de incitación sistemática, de asfixia presupuestaria y de retórica de odio (encabezada por figuras como el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir) produjeron el efecto contrario al buscado. En lugar de amedrentar o desmovilizar al electorado árabe, encendieron una conciencia cívica de emergencia.

La propia provocación de la extrema derecha fue, paradójicamente, el mayor incentivo para votar.

2. La ciudadanía árabe votó por lo que vive cada día: el azote del crimen organizado en sus comunidades, el abandono policial y una crisis económica que no da tregua.

La magnitud de esa discriminación opera en dos niveles, el de la ley (de jure) y el de la práctica institucional y presupuestaria (de facto), y es el trasfondo que vuelve no solo comprensible sino inevitable la movilización. Convertir a la víctima en sospechosa es la vieja maniobra de todo poder acorralado.

Planificación, suelo y vivienda

• Las municipalidades árabes sufren una escasez crónica de tierras estatales asignadas a la expansión urbana en comparación con las localidades judías. La falta de planes maestros aprobados por el Estado impide emitir permisos de construcción, lo que empuja a la edificación no autorizada y a posteriores órdenes de demolición.
• La ley de Comités de Admisión (de jure) permite a cientos de pequeñas comunidades rurales del Néguev y la Galilea filtrar socialmente a los solicitantes mediante “comités de admisión”, que pueden rechazar a candidatos árabes con el argumento de que “no se adaptan al tejido socio-cultural” de la comunidad.
• Cerca del 93% del suelo israelí es de dominio público y lo administra la Autoridad de Tierras de Israel. Mecanismos legales como la Ley de Propiedad de Ausentes expropiaron históricamente terrenos árabes para destinarlos a proyectos de desarrollo predominantemente judíos.

Marco constitucional y derechos cívicos

• Israel como Estado-Nación del Pueblo Judío (2018) (de jure): reserva el derecho a la autodeterminación nacional únicamente al pueblo judío, rebaja el árabe de “lengua oficial” a “estatus especial” y declara el desarrollo de los asentamientos judíos un “valor nacional” que el Estado debe promover.
• La ley de Ciudadanía y Entrada a Israel (de jure) restringe la reunificación familiar y el acceso a la ciudadanía o la residencia de los cónyuges palestinos de Cisjordania o Gaza casados con ciudadanos árabes de Israel, un filtro que la Ley del Retorno no aplica a los inmigrantes judíos.

Presupuesto, infraestructura y servicios públicos

• Pese a mejoras parciales con los planes gubernamentales quinquenales, persiste una brecha estructural en las transferencias de capital del Estado a los gobiernos locales árabes, con peores infraestructuras, caminos, alcantarillado y transporte público.
• En el campo de la educación el sistema estatal está segregado de facto en ramas hebrea y árabe. Las escuelas árabes reciben menor inversión estatal por alumno en infraestructura, programas especiales, horas de clase y apoyo psicopedagógico que el sector judío.

Empleo y desarrollo económico

• Los ciudadanos árabes están, de facto, subrepresentados en la administración pública, en los puestos directivos de las empresas estatales y en la industria tecnológica.
• Como la mayoría de la población árabe no realiza el servicio militar obligatorio, tanto de hecho como por ley, queda excluida de numerosos beneficios estatales, subsidios de vivienda, créditos educativos y empleos en sectores estratégicos o tecnológicos donde se exige haber servido.

Seguridad ciudadana y justicia

• En el campo de la seguridad pública y del crimen organizado hay una disparidad crítica en la eficacia policial, tanto de facto como de jure. Las comunidades árabes padecen una epidemia de crimen organizado y violencia armada, y la tasa de esclarecimiento de homicidios por parte de la policía es muchísimo menor que en las comunidades judías.
• En momentos de tensión política, la población árabe enfrenta más vigilancia, más arrestos preventivos y más persecución judicial por el uso de las redes sociales que la ciudadanía judía, lo que provoca una limitación de hecho de la libertad de opinión.

Atribuir todo esto a la “corrupción” o a la “interferencia extranjera” es un intento de borrar a casi dos millones de ciudadanos como actores políticos legítimos.

La instrumentalización de los organismos de seguridad

Lo más grave no es la retórica de campaña, sino el uso de los aparatos de seguridad e inteligencia del Estado, como el Servicio de Seguridad (Shin Bet), para fabricar sospechas y arrojar una sombra de duda sobre todo un colectivo electoral.

Convertir a los servicios de seguridad en árbitros de la legitimidad política es un precedente ruinoso. Cuando sus jefes responden a la orden implícita del poder ejecutivo e investigan cómo votó la minoría árabe, el mensaje es inequívoco: las reglas democráticas valen solo mientras garanticen la permanencia del régimen. Si el pueblo vota “mal”, el resultado se somete a sospecha.

La fiscal general del Estado, Gali Baharav-Miara, declaró que sin una base probatoria seria no se investiga a un ciudadano, y menos aún a dirigentes políticos electos. Le pidió al jefe del Shin Bet, David Zini, que presentara las pruebas en que se apoyan las sospechas. Zini no las presentó. En vez de aportar un solo elemento de prueba, Ben Gvir exige llevar a los dirigentes árabes, entre ellos Ahmad Tibi, a interrogatorio, a “los sótanos del Shabak”. La expresión no es un exabrupto, sino un programa: esos sótanos evocan el trato que el Estado reserva a los detenidos por motivos de seguridad, y trasladarlo a representantes electos de los ciudadanos árabes es criminalizar la representación política de una quinta parte del país.

Ignorar el pedido de la fiscal general es actuar contra la ley. La competencia del Shin Bet está fijada por la Ley del Servicio de Seguridad General de 2002, que le encomienda proteger la seguridad del Estado y el régimen democrático frente al terrorismo, el sabotaje, la subversión y el espionaje. Investigar un presunto fraude electoral es perseguir un delito común, tarea de la policía y de la fiscalía, no del servicio de inteligencia. Usarlo para esto lo saca de su marco legal. A ello se suma que Ben Gvir no manda sobre el Shin Bet: el servicio responde al primer ministro, mientras que el Ministerio de Seguridad Nacional supervisa a la policía. Que un ministro señale a quién hay que interrogar es, además, una intromisión del poder político en la aplicación de la ley. Y la palabra de la fiscal general, en el sistema israelí, es la interpretación jurídica que obliga al gobierno. Pasar por encima de ella equivale a colocarse fuera de la ley.

¿Y si el Shin Bet tuviera, pese a todo, las pruebas, y las guardara para soltarlas más tarde como un golpe de efecto? Es posible, pero poco creíble. El servicio sostiene algo enorme: que miles y miles de personas recibieron dinero para ir a votar. Una operación de esa escala no se esconde, deja rastros masivos, cuentas, transferencias, testigos. Si existieran, ya estarían sobre la mesa. Que no aparezcan hace pensar lo más probable, que no existen.

Que la advertencia llegue también desde adentro del propio campo de la seguridad no es casual. Gadi Eisenkot, ex jefe del Estado Mayor, se lo recordó a Zini: quienes sirven en el sistema de seguridad, en la aplicación de la ley y en el servicio público “sirven al reino, no al rey; ay de quien corrompa su autoridad y su cargo por consideraciones políticas”. Y fue más lejos: en su desesperación, dijo, el Likud y Netanyahu “intentan perpetrar un pogromo contra la democracia y el Estado de derecho” y “arrastrarnos a todos a una peligrosa crisis constitucional”, que es justamente lo que los vuelve indignos de seguir en el poder.

La frontera entre el soborno electoral y la propaganda

Queda una pregunta que hoy es secundaria, y lo seguirá siendo mientras no haya pruebas, pero que vale la pena despejar, porque es la que el gobierno enturbia a propósito. ¿Está prohibido animar a la gente a votar? ¿Es ilegal que a un ciudadano le paguen para que vaya a las urnas?

La ley israelí distingue dos cosas que la acusación mezcla. El soborno electoral está tipificado en el artículo 122 de la Ley de Elecciones a la Knéset: comete delito quien da u ofrece a un elector un beneficio para inclinar su voto, o para que se abstenga de votar, con pena de hasta cinco años de prisión, y el delito se consuma en el momento mismo de la oferta. Lo que la ley castiga es el pago dirigido a un votante concreto a cambio de su voto.

Nada de eso se parece a la propaganda. Las campañas de los partidos cuestan dinero, y mucho, y ese gasto es legal: lo regula la Ley de Financiación de Partidos de 1973, con fondos públicos y bajo la auditoría del contralor del Estado. Pagar la publicidad, los carteles, el transporte de votantes a los centros de votación o a los militantes que tocan puerta por puerta es gasto de campaña, no soborno. La diferencia no es de grado, sino de naturaleza: una cosa es gastar para persuadir y movilizar al público en general, y otra muy distinta comprarle el voto a una persona a cambio de una contraprestación.

Por eso la tesis del Shin Bet, tal como se filtra, es jurídicamente endeble aun antes de examinar las pruebas que no presenta. Que cientos de miles de ciudadanos árabes hayan votado en masa no prueba ningún delito. Es, sencillamente, lo que se llama una elección.

El imperativo de la movilización democrática

Estamos ante una hora de emergencia para la defensa de la democracia. Frente a esta maniobra, la apatía y el escepticismo son una forma de rendición. La estrategia del gobierno busca quebrar la moral del campo democrático. Quiere instalar la idea de que la voluntad popular no cuenta y de que toda alianza entre la oposición y los partidos árabes es, por definición, ilegítima, una “traición”.

Salir a la calle, por sí solo, ya no alcanza. Años de protesta desgastaron la manifestación: las marchas multitudinarias se redujeron en número de manifestantes y se volvieron rutina. El poder aprendió a esperar a que se agoten. La pelea hay que darla entonces donde produce resultados, en las instituciones y en la ley, y guardar la movilización masiva para el momento en que haya que jugarlo todo.

Qué pueden hacer quienes se oponen al golpe

No hay que esperar permiso de un líder. La respuesta tiene que ser legal, concreta y coordinada, y debe empezar ya:

• Exigir la certificación inmediata de los resultados. La Comisión Central Electoral y los tribunales deben plantarse ante las presiones del Ejecutivo y certificar sin un día de demora lo que votó la ciudadanía.
• Llevar el golpe a los tribunales. Las organizaciones de derechos civiles pueden recurrir al Tribunal Superior de Justicia (Bagatz) contra cualquier intento de postergar la certificación o de abrir investigaciones sin pruebas, y reclamar medidas cautelares que lo frenen en seco.
• Exigir pruebas, no sospechas. Hay que respaldar a la fiscal general en su reclamo de que el Shabak entregue evidencia concreta antes de interrogar a nadie, y activar los controles parlamentarios y al contralor del Estado sobre el uso político de los organismos de seguridad.
• Formar gobierno ya. La oposición debe comprometerse en público a reconocer a los partidos árabes como socios plenos y constituir la coalición sin dilación, porque cada día que pierde lo gana la patraña del fraude.
• Convocar a la Kneset, elegir a su presidente y asegurar el control de los procedimientos, para que ningún resultado quede demorado.
• Asistencia jurídica y observadores que registren y respondan a allanamientos e interrogatorios selectivos de ciudadanos árabes, para que cada abuso quede expuesto ante la ley y ante la opinión pública.
• Mover todas las palancas cívicas. Colegios de abogados, universidades, sindicatos y municipios tienen que pronunciarse y actuar con medidas dirigidas y verificables, mucho más temibles para el poder que la marcha difusa que ya nadie mira.

Una democracia no muere solo el día en que se suspenden de golpe las garantías constitucionales. Muere, sobre todo, cuando se acepta como normal que el voto de una parte del pueblo valga menos que el de otra. Defender el resultado de estas elecciones es defender que todavía es posible un futuro en común. No es hora de mirar para otro lado.